Foto. Cata Almada

Durante la tarde del pasado viernes 16 de marzo, a la par del inicio de esta edición del Lollapalooza, se vivieron situaciones de mucho cuidado dentro de la cúpula de las fuerzas de seguridad e inteligencia en el país, debido a que se detectaron varios mensajes amenazadores en Twitter que parecían anunciar presuntos planes de cometer hechos violentos durante el festival en cuestión. Tales publicaciones hablaban de posibles ataques con bombas lanzadas por drones y de atentados por parte del Estado Islámico (ISIS). O por lo menos eso comentó al diario La Nación un detective involucrado en la investigación.

Al de un evento tan multitudinario y esperado por los melómanos argentinos, y en vista de que ya han ocurrido en otras ciudades del mundo ataques de esta naturaleza en conciertos de artistas como Eagles of Death Metal y Ariana Grande, una vez revisados los intimidantes mensajes se procedió a radicar una denuncia ante Sandra Arroyo Salgado, jueza federal de San Isidro. Ella decidió las medidas de prevención y seguridad que serían tomadas a partir de ese momento para evitar una tragedia, así como incluso llegó a considerar la suspensión del festival.

Esto declararon fuentes judiciales ante la prensa acerca del delicado asunto:

“Como fue una falsa alarma ahora estamos más tranquilos. El viernes se hizo un rastrillaje en busca de explosivos sin suspender el festival. Pero el sábado se hizo más riguroso el cacheo del público y el control a los proveedores. Se trabajó ante la peor hipótesis. En otras partes del mundo hubo atentados en festivales musicales”.

De cualquier forma, se desarrolló entonces todo un operativo en el que intervino el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, así como comunicó la alerta a los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad y a la Municipalidad de San Isidro para que en caso de que sucediera algún hecho violento el Hospital Central y el servicio de ambulancias estuviesen listos para una contingencia.

En todo caso, según reporta el periodista Mauro Federico del medio Ámbito Financiero, uno de los miembros de la DUIA expresó lo complejo de tales labores:

“En primer lugar, la gran cantidad de personas convocadas ese día (se calculaba una asistencia de aproximadamente cien mil personas) dificultaba las tareas de control en los accesos; pero también teníamos que tener en cuenta como extremadamente sensible la presencia de personas públicas que podían ser considerados como objetivos de grupos violentos extremistas”.

Hubo entonces durante viernes y sábado en el predio del Hipódromo de San Isidro un completo equipo de especialistas en antiexplosivos, investigadores de la Oficina de Ciberterrorismo, perros entrenados en búsquedas, asimismo se utilizaron drones y se contó con más de 1.500 efectivos de las fuerzas de seguridad para garantizar la vida e integridad de los asistentes en vista de las amenazas.

Finalmente, y por suerte, al parecer se trató de una falsa alarma, de una broma bastante desagradable por parte de usuarios de internet. Lo cierto es que el megaoperativo se cumplió a cabalidad y se mantuvo en secreto hasta el último momento, e incluso hijos de algunos de los integrantes de las fuerzas de seguridad, y la hija mayor de la propia jueza Salgado asistieron a tal evento y pudieron disfrutarlo en paz.